Supongamos por un momento, que hay una
reunión del Consejo de Ministros, un viernes cualquiera, con un gobierno
cualquiera.
El principal problema por el que atraviesa
el país es el elevado número de desempleados. Y como segundo problema, está el
alto índice de corrupción. Esto último
se verá en un capítulo aparte, porque tiene tela.
Ante estos graves problemas, se intenta
buscar soluciones.
Una de ellas bien podría ser, dictar una ley
en la que obligue a las empresas de más de cien trabajadores, a acortar la
jornada laboral.
La proporción sería pasar de 40 horas de
jornada efectiva, a 35 horas. De tal forma que de cada siete trabajadores,
sería contratada una persona más. El resultado sería que actualmente siete
trabajadores computan un total de 280 horas de trabajo. De esta manera,
pasarían a ser ocho trabajadores que realizarían las mismas horas de trabajo
efectivo.
Cada trabajador, consiguientemente sufriría
una rebaja de su salario en un 8,7% de su salario mensual.
La empresa cotizaría por cada trabajador
aproximadamente un 33% de Seguridad Social, al igual que ahora.
Echando cuentas, a la empresa le saldría
"comido por servido", e incluso habría que ayudarles en el sentido de
la necesaria ampliación de los elementos necesarios, para que sus nuevos
trabajadores tuvieran su espacio necesario para cambiarse, tal como taquillas,
duchas, ampliación de las zonas de descanso, etc. por medio de una subvención
estatal.
En un supuesto de que los trabajadores de la
empresa que cobren por ejemplo 1500 euros brutos, a igual categoría
profesional, multiplicado por siete, resultaría una cifra de 10500 euros al
mes. De los cuales, a la empresa "grosso modo", cotizando por ellos a
la SS, saldrían unos emolumentos de 13965 en personal ( por esos 7 trabajadores
).
Con esta nueva normativa, la empresa
seguiría pagando exactamente lo mismo con 8 trabajadores, que con los 7
anteriores, y tendría a una nueva persona contratada. Los empleados en este
ejemplo, pasarían a cobrar 1310 euros brutos, pero adecuando lógicamente los
turnos, o incluso los días de trabajo, se podría conseguir esa ansiada
conciliación laboral de la que tanto se habla, y de la que tan poco se hace.
También y no poco importante, sería la rebaja del IRPF que cada trabajador
tendría que realizar, ya que al cobrar menos, también pagaría menos a Hacienda.
Creo que sería una medida acertada, tanto
para la empresa, como para el conjunto de los trabajadores.
Y sobre todo para los 6 millones de
desempleados.
Vamos a echar unas cuentas…
Sabiendo que la mayoría de empresas
españolas tienen menos de 100 empleados, no tendrían obligación de acogerse a
esta ley -de momento-, pero viendo que las empresas mayores tendrían que acatar
las leyes sin prácticamente engorros para ellas, creo que se animarían a
adoptar tales medidas.
Y calculando, que de 17 millones de
trabajadores en activo, al menos 7, trabajan en empresas de más de 100
trabajadores, el cálculo es simple :
Un millón menos de desempleados. De los
cuales, lógicamente habría que tirar de los de larga duración.
Una vez que ese millón de personas tuvieran
un trabajo, se acrecentaría el consumo. El Estado recogería los frutos, y los
pequeños comercios empezarían a funcionar. Se contratarían más personas.
Si el resultado es beneficioso, podría
incluso a ampliarse como obligatorio a empresas mas pequeñas.
Yo estoy convencido de que funcionaría, y a
medio plazo, incluso la gente lo agradecería.
"Para grandes males, grandes
remedios". Eso es lo que decían nuestros abuelos, y tenían más razón que
los Santos.
La lástima es que los tiros no van por ahí.
Ahora se intenta despedir casi gratis a los trabajadores que llevan años en sus
trabajos. Lo que intentan es llevarnos a la tumba cuando te toca jubilarte, si
no antes.
Rebajar el déficit. Ese es el objetivo. ¿ Y
de qué sirve ?. Pedir menos para pagar menos en el futuro.
Creo firmemente que llegaremos al déficit
cero. Pero cuando lleguemos ( si es que llegamos ), habremos muerto por esos
caminos de Dios, o de Europa.
Estimado amigo: Te agradezco el cumplido pero debo insistir en que me sobrevaloras...mis conocimientos se deben a mi edad y a mis experiencias vitales, nada más lejos por tanto a una presunta 'calidad' intelectual. Y en relación a tu razonable y razonado comentario añadiré lo siguiente:
ResponderEliminarHace unos años, un conocido regresó de Cuba, sorprendidísimo porque en las 'guaguas' de servicio público iban dos chóferes.
Está claro que la obligación de un gobierno es intentar que todos los ciudadanos tengan trabajo y 'si no hay más', que éste se reparta equitativamente...Esa misma experiencia la viví yo en la URSS; no pierdas de vista que al no existir la empresa privada, el Estado era el único generador de empleo en ambos casos.
Y ya sin ir más lejos, en España, la política del “Régimen” fue que las empresas públicas, fuesen un paliativo en ese sentido; de ahí que las industrias del INI tuviesen un número de trabajadores que siempre excedía ¡y con mucho! las necesidades reales de las mismas...y también de ahí el tan alabado y relativo 'pleno empleo' del franquismo.
En España, a lo largo de los años, ya dentro de esta presunta etapa 'democrática', el Estado a través de los sucesivos gobiernos ha sido un 'destructor neto' de empleo, empezando por desmantelar el grueso de aquellas empresas públicas heredadas de la Dictadura que Europa señaló con el dedo (siderurgia, astilleros, minería) e importantísimos sectores de economía primaria y secundaria (como la agricultura, ganadería/lácteo) simple y llanamente para que no fuésemos los grandes competidores de sus empresas...y creando con ello una situación de desequilibrio entre demanda y oferta laboral muy favorable al empresariado.
Un segundo paso fue malvender al capital privado aquellas otras perfectamente viables tras el 'oportuno' despido del personal excedente y saneamiento económicos de las mismas, todo con cargo al Estado...Y ya puestos, ¡porqué no vender hasta los sectores que en una Economía Social de Mercado son de gestión pública! por entenderse que en determinadas áreas no deben contemplarse los aspectos especulativos inherentes a la economía privada, tal como sucede en estos momentos con la Sanidad y la Educación...
La perspectiva histórica nos permite verificar ahora que el liberalismo en que nos encontramos inmersos fue algo perfectamente planificado e instrumentado desde el minuto cero de la 'transición'.
De ahí que pretender que unos gobiernos que están al dictado de unos poderes financieros ultraliberales que no contemplan ni lo más mínimo el bienestar de los ciudadanos, dicten normas de sentido común como la que tú sugieres, es una utopía.
Ten en cuenta que aún en el caso de que no existiese esta debacle económica en muy gran medida provocada por las oligarquías, la tecnología existente nos lleva a que, en la práctica, la economía productiva ha llegado a un punto en el que la intervención humana necesaria se reduce a un mínimo, lo que de hecho ya nos conduce a que sea viable esa reducción de horas de trabajo, perfectamente asumibles por las empresas puesto que las plusvalías de las mismas se han visto incrementadas por la automatización de los procesos productivos...Pero las empresas no son 'hermanitas de la caridad' y ese paso deben ser dirigido y obligado por los gobiernos, necesariamente en consenso.
Ello nos conduce a un callejón sin salida si no logramos que el 'sistema' se rompa en mil pedazos puesto que los gobiernos, con honrosas y paradójicas excepciones precisamente los de América Latina -no todos-, son prevalentemente dictaduras de mercado (capitalismo puro y duro) y ya sabes lo que los 'medios' sugieren cada día con más insistencia: que en el Mundo sobran 3,000 millones de seres...
Pavel, puedes seguir siendo humilde si así lo deseas, pero tu análisis es completamente acertado como siempre.
ResponderEliminarEs todo un placer leerte y comprobar que ese desglose que realizas es tal y como ocurrió y como probablemente ocurrirá.
Un abrazo.